El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación convocó a un paro total de labores de “brazos caídos” para el próximo 31 de octubre. La medida de protesta surge en respuesta a la “grave carencia de insumos esenciales”, el incumplimiento en pagos salariales y despidos masivos que, según denuncian, afectan la operación de juzgados y tribunales en todo el país. El secretario general del sindicato, Juan Alberto Prado Gómez, afirmó que la suspensión es un “último recurso” ante la “omisión reiterada” del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) para garantizar condiciones laborales dignas. Los trabajadores acusan la falta de papelería, impresoras, suministro de agua y servicio de comedores.
Además, reclaman el incumplimiento en el pago del incremento salarial anual y su retroactivo correspondiente.
La protesta también se debe a la sustitución de plazas de funcionarios que fueron electos por voto popular tras la reforma judicial y al “despido masivo a servidores públicos”. Este paro representa la segunda gran manifestación del sector en el último año, siendo la primera la protesta histórica contra la reforma judicial impulsada por el expresidente López Obrador en 2024, la cual, según la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), se aprobó tras foros que calificaron como “una simulación”. El sindicato aseguró que se mantendrán guardias para atender casos urgentes y reiteró su disposición al diálogo, aunque subrayó que “no es posible sostener la operación judicial sin condiciones materiales”.
En resumenLa convocatoria a paro nacional en el Poder Judicial evidencia una profunda crisis administrativa y laboral, derivada tanto de las secuelas de la reforma judicial como de la gestión actual. La falta de recursos básicos y el incumplimiento de acuerdos salariales amenazan con paralizar la impartición de justicia, mostrando una fractura entre los trabajadores y la nueva administración judicial.