Tras el ataque, en el que un agresor fue abatido y dos más fueron detenidos, la respuesta del gobierno federal fue contundente.

La presidenta Sheinbaum convocó de manera urgente al Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional, reuniendo a los titulares de la Secretaría de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, y la Guardia Nacional. Esta acción subraya la gravedad del suceso y representa una prueba crítica para la estrategia de seguridad del gobierno, especialmente en una región tan afectada por la violencia como Michoacán. La muerte de Manzo, quien había retado a la presidenta a pacificar la región sin disparos, simboliza el desafío que el crimen organizado impone a la autoridad del Estado y la vulnerabilidad de quienes lo enfrentan desde el ámbito municipal.