Aguirre Hernández estaba adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, Jalisco.

La notificación de su renuncia fue recibida por el Senado de la República, que, según la Constitución, debe analizar y, en su caso, aceptar la dimisión solo por “causas graves”, las cuales no se han hecho públicas. Este evento se suma a otros incidentes que han puesto en tela de juicio el nuevo sistema, como la solicitud de licencia de otra jueza recién electa, la cual fue rechazada por el Senado. La dimisión de Aguirre Hernández es significativa porque evidencia las presiones y el intenso escrutinio al que están sometidos los nuevos jueces, además de resaltar posibles fallas en el proceso de selección de candidatos, que fue criticado por permitir perfiles cuestionables y el uso de “acordeones” para inducir el voto. Conforme a la reforma, la vacante deberá ser ocupada por la persona que obtuvo el segundo lugar en la votación para ese cargo, en este caso, Amalia Irandery Ortiz.