La decisión ha generado una enérgica respuesta tanto del gobierno federal como del conglomerado empresarial.
Por unanimidad, el pleno de la SCJN desechó siete recursos legales interpuestos por Grupo Elektra y TV Azteca, con lo que quedaron firmes las sentencias de tribunales colegiados que obligan a las empresas a pagar créditos fiscales que, según la Procuraduría Fiscal de la Federación, sumaban 47,407 millones de pesos hasta septiembre. Estos adeudos se originaron en ejercicios fiscales que datan desde 2008 hasta 2013 y corresponden a conceptos como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), multas, recargos y actualizaciones. Tras el fallo, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que, si el grupo empresarial no cumple con el pago, el gobierno federal iniciará los procedimientos jurídicos correspondientes. “Si no paga, pues entonces tiene que venir una serie de procedimientos que son parte, pues, de un proceso jurídico que tiene que cumplirse”, declaró la mandataria, quien además calificó el asunto como estrictamente legal y no político.
Las autoridades fiscales podrían tomar los bienes entregados en garantía o solicitar el embargo de propiedades y el congelamiento de cuentas.
Por su parte, Grupo Salinas calificó la resolución como “un golpe fulminante a la justicia y al Estado de derecho”, acusando a los ministros de actuar por “consigna y mandato del Ejecutivo Federal”. El empresario Ricardo Salinas Pliego, quien criticó personalmente la decisión, anunció que su conglomerado acudirá a instancias internacionales, argumentando una “persecución política sistemática” y la violación de sus derechos humanos.












