La principal preocupación del sector productivo radica en que la reforma eliminaría la transmisibilidad de los derechos de agua. Actualmente, al vender o heredar un terreno, la concesión del pozo se transfiere con él.

La nueva ley establecería que los derechos de agua tendrían que ser devueltos al Ejecutivo para que la Conagua determine su reasignación, lo que, según los productores, elimina la certeza jurídica y devalúa sus tierras. El diputado del PRI, Arturo Medina Aguirre, calificó la ley como “persecutoria” y advirtió que “desde la Ciudad de México se pretenda decidir quién puede sembrar, regar o quién se queda sin agua”. Por su parte, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Irma Patricia Muñoz de León, respaldó a los productores, afirmando que la medida representa una “vulneración para el campo mexicano”. Legisladores del PRI, como Rubén Moreira, han denunciado que Morena busca aprobar la ley de manera acelerada en diciembre, sin un diálogo suficiente con los sectores afectados. En respuesta, han organizado foros en estados como Chihuahua para escuchar a los productores y especialistas, y han prometido presentar reservas para oponerse a los puntos más controvertidos de la iniciativa.