El gobierno federal ha respondido a las protestas masivas del 15 de noviembre, conocidas como la 'Marcha de la Generación Z', con una estrategia de deslegitimación, mientras que la oposición ha denunciado un uso represivo de la fuerza, intensificando la polarización política en el país. Tras las movilizaciones en la Ciudad de México y más de 50 ciudades, la presidenta Claudia Sheinbaum descalificó la protesta, afirmando que “en realidad había muy pocos jóvenes” y que fue impulsada por grupos de derecha con fines políticos. La narrativa oficial, respaldada por la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, sostiene que la convocatoria fue “inorgánica”, magnificada por “millones de bots” y financiada con hasta 90 millones de pesos por opositores y un empresario. Alcalde aseguró que entre los asistentes estaban “los mismos de siempre”, como Guadalupe Acosta Naranjo y Fernando Belaunzarán, y que la presencia juvenil fue de apenas un 10%. En contraste, los partidos de oposición, como el PAN y el PRI, condenaron la respuesta gubernamental. El presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, la calificó como “la respuesta violenta del Estado”, asegurando que “la represión confirma el miedo del oficialismo ante una generación que ya despertó”. De manera similar, el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, describió la reacción como “brutal”, acusando que “golpearon a jóvenes que sólo quieren un México mejor; los golpearon porque les tienen miedo”.
Los enfrentamientos en el Zócalo capitalino dejaron un saldo oficial de 120 heridos (100 policías y 20 civiles) y 40 detenidos.
Ante la violencia, la presidenta Sheinbaum ha llamado a que las manifestaciones se mantengan por la “vía pacífica”.
Como respuesta, el colectivo Generación Z ha convocado a una nueva marcha para el 20 de noviembre.
En resumenLa respuesta del gobierno federal a la 'Marcha de la Generación Z' se ha centrado en desacreditar su legitimidad, atribuyéndola a la oposición y minimizando la participación juvenil. Esta postura ha sido fuertemente criticada por partidos opositores, que denuncian represión y autoritarismo, en un contexto de violencia que dejó heridos y detenidos, y que ha derivado en una nueva convocatoria a manifestarse.