Los productores señalan varios puntos críticos en la propuesta. Uno de los más cuestionados es la “excesiva centralización de decisiones en las oficinas centrales de Conagua”, lo que, afirman, perjudicaría los trámites locales. También rechazan los artículos que “criminalizan las faltas cometidas por agricultores”. Otro aspecto preocupante es la disposición de que la CONAGUA deba autorizar las transmisiones de derechos de agua, incluidas las herencias, una facultad que históricamente ha correspondido a los propios productores. Adicionalmente, critican la desvinculación de los derechos de agua respecto a la tierra, medida que, según los agricultores, “inhibe la capacidad productiva del campo”. Senadores de la 4T como Saúl Monreal y Gonzalo Yánez han defendido la ley, asegurando que no busca privatizar el agua, sino que el Estado recupere la rectoría, acabe con el “mercado negro” y el acaparamiento. A pesar de ello, los productores planean reunirse con diputados federales para exponer sus argumentos y evitar la aprobación de la ley antes del 15 de diciembre.