Modalidades como los “montachoques” también fueron tipificadas como agravantes.

Un punto central de la reforma es el combate a la extorsión desde los centros penitenciarios.

Se establecen penas de seis a 12 años para quien introduzca dispositivos de comunicación a las cárceles y de hasta 30 años para funcionarios que lo permitan. Además, los centros de readaptación tendrán seis meses para implementar tecnologías que inhiban las señales de celular. La ley también sanciona con 10 a 20 años de prisión a servidores públicos que no denuncien actos de extorsión de los que tengan conocimiento. Durante el debate, el senador de Morena, Enrique Inzunza, afirmó que con esta reforma “México no tolerará la extorsión en ninguna de sus formas”. A pesar del consenso unánime en la votación general, legisladores del PAN y PRI, como Mayuli Martínez y Carolina Viggiano, advirtieron que la ley podría quedar en “letra muerta” al no asignársele un presupuesto específico para su implementación, lo que dificultaría la creación de las unidades especializadas y la capacitación que la propia norma exige.