Una controvertida iniciativa federal para reformar la Ley de Aguas Nacionales ha desatado una fuerte oposición de productores agrícolas, alcaldes y legisladores, principalmente en Chihuahua, quienes la califican como “la estocada final para el campo”. La principal preocupación radica en que la propuesta prohibiría la transmisión de derechos de concesión de agua, lo que afectaría la herencia y venta de tierras agrícolas y generaría incertidumbre jurídica. El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, aseguró que la ley está hecha con “las patas” porque no considera la retroactividad de los derechos de los agricultores y podría abrir la puerta a la corrupción y la discrecionalidad. “No se puede pensar que cuando fallezca el titular de una concesión se van a cerrar pozos que sostienen huertas con árboles de 50 o 100 años.
Es una visión ingenua, hecha desde un escritorio”, declaró.
En respuesta, productores agrícolas de Chihuahua se han movilizado y exigido un diálogo directo con legisladores federales de Morena, emplazándolos a una reunión en el Congreso del Estado. El coordinador del PAN, Alfredo Chávez, criticó que se pretenda decidir desde la Ciudad de México “cómo vamos a administrar el agua en Chihuahua”. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha defendido la reforma, argumentando que busca poner orden, combatir el mercado negro del agua y regularizar más de 3,500 extracciones ilegales en Chihuahua.
Román Alcántar Alvídrez, director local de Conagua, aseguró que “no hay, ni habrá, afectación alguna al patrimonio de los productores” y que los derechos adquiridos se respetarán, acusando a legisladores de oposición de encabezar una “campaña de desinformación”. La Cámara de Diputados ha iniciado audiencias públicas para analizar la iniciativa, donde se debate el régimen de concesiones y la gestión comunitaria del agua.
En resumenLa reforma a la Ley de Aguas ha generado un conflicto significativo entre el gobierno federal, que busca mayor control y combate a la ilegalidad, y el sector agrícola, que defiende sus derechos históricos sobre el agua y teme por su patrimonio. El desenlace dependerá del diálogo en el Congreso y la capacidad de ambas partes para encontrar un equilibrio entre la regulación y la certeza jurídica para los productores.