Un tribunal colegiado le había concedido un amparo argumentando que la fiscalización debía dirigirse a la empresa controladora, Grupo Elektra. Sin embargo, la SCJN, a propuesta de la ministra Lenia Batres, revirtió esta decisión. En respuesta, Grupo Salinas emitió un duro comunicado acusando a la Corte de ser “ilegítima” y de resolver “por consigna política y no conforme a derecho”, afirmando que la votación estuvo “completamente en línea con el dictado de Palacio Nacional”. El conglomerado de Ricardo Salinas Pliego denunció una violación a sus derechos humanos y advirtió que las resoluciones envían señales de incertidumbre a los inversionistas de cara a la revisión del T-MEC en 2026. Este fallo se suma a otro de la semana anterior, donde la Corte desechó siete amparos del grupo, obligándolo a pagar más de 48 mil millones de pesos en créditos fiscales. La Corte también impuso una multa a la empresa por actuar de “mala fe” al intentar retrasar el juicio con tácticas dilatorias.