Protestas del campo escalan en rechazo a la nueva Ley de Aguas propuesta por el gobierno federal
La iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado una fuerte oposición por parte de organizaciones de productores y transportistas. Estos sectores anuncian un megabloqueo nacional para exigir que se detenga la discusión legislativa, al considerar que la propuesta atenta contra sus derechos y la producción de alimentos. La propuesta legislativa, enviada a la Cámara de Diputados, plantea cambios sustanciales en la gestión del agua en México, lo que ha sido calificado por sus opositores como un intento de centralizar el control del recurso. Entre los puntos más controvertidos se encuentra la prohibición de la transmisión de concesiones entre particulares, una práctica común en el campo que permite heredar o vender tierras con derechos de agua. La reforma estipula que las reasignaciones de volúmenes solo podrán realizarse con la autorización de la “autoridad del agua”, lo que genera incertidumbre sobre la certeza jurídica del patrimonio de los agricultores. Asimismo, la iniciativa propone una revisión de los títulos de concesión actuales para combatir el acaparamiento y contempla la supresión de concesiones del sector social que datan del reparto agrario. El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), liderado por Baltazar Valdez, ha calificado la ley como “represiva, regresiva y sobre todo, pretende tener control absoluto del agua”. En respuesta, el FNRCM, junto a Agricultores Unidos de Chihuahua y la Alianza Mexicana de Transportistas (AMTAC), ha convocado a un paro nacional con bloqueos en carreteras, aduanas y puentes internacionales en al menos 20 estados a partir del 25 de noviembre. Los organizadores advierten que las movilizaciones serán permanentes hasta que el gobierno federal acceda a negociar y declare “en receso la Ley de Aguas, para tener tiempo y argumentar lo negativo de la ley”. Legisladores de oposición, como el sudcaliforniano Venustiano Pérez, han respaldado a los productores, solicitando en San Lázaro mantener la autonomía de las asociaciones de usuarios y las reglas actuales de uso agrícola, advirtiendo que, de aprobarse la reforma, el agua podría dejar de ser un “derecho exigible para convertirse en una prerrogativa del gobierno”.



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