Este cambio fue impulsado por el Senado para evitar que sentenciados en estados con penas más altas pudieran solicitar beneficios.

La legislación contempla 34 agravantes que elevan las sanciones, destacando el cobro de piso, los “montachoques”, y la extorsión cometida desde centros penitenciarios. Uno de los puntos más debatidos fue la sanción a servidores públicos que faciliten o no denuncien el delito. El Senado restituyó la pena original de 10 a 20 años de prisión, revirtiendo una reducción propuesta en San Lázaro por el diputado Ricardo Monreal, quien, a pesar de defender su postura “garantista”, aceptó la modificación. El sector empresarial, a través de la Concanaco-Servytur, celebró la aprobación, considerándola “un acto de justicia” que responde al llamado del sector productivo. Sin embargo, la bancada del PRI votó en contra en lo particular, argumentando que la fracción quinta del artículo 17 podría usarse para “censurar, limitar o incluso clausurar” medios de comunicación bajo el pretexto de la seguridad. El diputado Alejandro Domínguez advirtió que “una ley contra la extorsión no puede convertirse en un mecanismo para silenciar a medios incómodos”, aunque su reserva para eliminar dicha fracción fue rechazada.