La ley prohíbe explícitamente que este costo sea trasladado a cualquiera de estos actores. A pesar de ello, repartidores se manifestaron afuera de la Corte, expresando su temor a que las empresas ajusten sus modelos de pago y terminen afectando sus ingresos. La Alianza In, que agrupa a varias de estas empresas, calificó la medida como “regresiva” y un “trato fiscal discriminatorio”.