El Congreso de la Unión se prepara para votar la nueva Ley General de Aguas, una reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca transformar la gestión hídrica del país. La iniciativa ha provocado una fuerte oposición de productores agrícolas, quienes advierten que la ley amenaza su patrimonio y derechos de agua, y han amenazado con reanudar los bloqueos carreteros si no se atienden sus demandas. El dictamen, que será discutido esta semana, ya incorpora alrededor de 50 modificaciones a la propuesta original presidencial, producto de un intenso diálogo con sectores productivos y especialistas. El gobierno, a través de legisladores como Ricardo Monreal y el director de Conagua, Efraín Morales López, defiende que los cambios otorgan certeza jurídica, especialmente al mantener el "binomio tierra-agua", que permite la transmisión de derechos de agua al heredar o vender la tierra. Además, se sustituye el concepto de "transmisión" por "reasignación" para agilizar trámites y se ajustan las sanciones por robo de agua para considerar el dolo y el volumen extraído. El objetivo central, según el oficialismo, es garantizar el agua como derecho humano y combatir el "mercado negro" y el acaparamiento. Sin embargo, la desconfianza persiste en el campo. Líderes de organizaciones como el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), entre ellos Eraclio "Yako" Rodríguez, afirman que el diálogo fue insuficiente y que el dictamen aún contiene "ambigüedades" y "vacíos", como la falta de reconocimiento de los pozos ganaderos.
Los productores se mantienen en "alerta máxima" y han advertido: “Bajan la Ley de Aguas o nos volvemos a levantar”.
Por su parte, el PRI ha solicitado no aprobar la ley "al vapor" y realizar 32 foros estatales para escuchar a todos los sectores. Organizaciones civiles como Agua para la Vida alertan que la reforma, en lugar de ser transformadora, pretende "perpetuar la ley salinista" al no prohibir explícitamente la privatización y mantener la discrecionalidad de Conagua.
En resumenLa nueva Ley General de Aguas se encuentra en una fase legislativa crítica, marcada por la tensión entre el gobierno, que asegura haber atendido las preocupaciones del campo con 50 modificaciones, y los productores agrícolas, que desconfían de la propuesta y amenazan con nuevas movilizaciones si no se incluyen más cambios, evidenciando un profundo conflicto sobre el control y la gestión del agua en México.