Sin embargo, la legislación ha generado una fuerte controversia. Un análisis crítico la califica como una "Ley de Censura", advirtiendo que su redacción ambigua podría ser utilizada para criminalizar la libertad de expresión. El artículo 15 de la ley sanciona a quien cause "un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico" a otra persona para obtener un beneficio. Críticos argumentan que esta disposición podría permitir que un funcionario público denuncie a un periodista o ciudadano por "daño moral" a causa de un meme, una fotografía o un video crítico difundido en redes sociales.

La pena, agravada por el uso de medios electrónicos según el artículo 17, podría alcanzar hasta 25 años de prisión. Esta dualidad de interpretaciones coloca a la ley en el centro de un debate sobre el equilibrio entre la seguridad y las libertades fundamentales.