Ahora, la Corte opera únicamente en un Pleno de nueve ministros, lo que ha ralentizado considerablemente su funcionamiento. Datos comparativos muestran que entre el 11 de septiembre y el 27 de noviembre, la nueva integración resolvió 647 asuntos, mientras que la anterior Corte resolvió 1,166 en el mismo periodo. De los asuntos resueltos por la nueva Corte, solo 475 contaron con un proyecto de sentencia, ya que el resto fueron solicitudes de atracción despachadas sin sentencia escrita. La motivación política detrás de la reforma, según los artículos, fue evitar que con el voto de solo tres ministros en una Sala se pudieran dictar fallos adversos al gobierno, como sucedió con la reforma eléctrica del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la consecuencia ha sido un creciente rezago en casos de alta relevancia, incluyendo la extinción de fideicomisos, la ampliación del catálogo de delitos graves y el bloqueo de cuentas por parte de la UIF. Consciente del problema, la Corte ha comenzado a imitar el funcionamiento de las extintas Salas, resolviendo casos de mero trámite en votaciones económicas para agilizar el desahogo de expedientes.