Sin embargo, la aprobación generó un amplio descontento en el sector agrícola, que organizó bloqueos en carreteras y puentes internacionales en estados como Tamaulipas y Chihuahua. Los productores denuncian que la ley genera incertidumbre jurídica al eliminar la posibilidad de transmitir los derechos de agua en la mayoría de los casos, lo que afecta la capacidad de heredar, vender o ajustar volúmenes, devaluando sus tierras. Sostienen que, a pesar de los foros de diálogo, sus principales preocupaciones no fueron atendidas y que las negociaciones fueron una “farsa”.

La oposición ha capitalizado el descontento; el presidente del PAN, Jorge Romero, advirtió que la ley es “el inicio del fin a la propiedad privada en México”, mientras que el coordinador del PRI en diputados, Rubén Moreira, la calificó de inconstitucional, autoritaria y un golpe a campesinos y pueblos originarios. La controversia se agudizó con señalamientos de acaparamiento de concesiones por parte de figuras políticas, como los más de 2.6 millones de metros cúbicos anuales atribuidos a la senadora Olga Sánchez Cordero y su esposo. Para los críticos, la reforma centraliza el poder en la CONAGUA, convirtiendo el agua en un instrumento de control político.