La reforma, avalada en el Senado con 76 votos a favor y 37 en contra, fue enviada al Ejecutivo para su promulgación. La presidenta Sheinbaum defendió la prohibición argumentando que los vapeadores “hacen mucho daño a la salud, incluso en algunos casos más que el propio cigarro”. Anunció que la medida se acompañará de una campaña informativa y acciones coordinadas con los estados para impedir la venta y la formación de mercados ilegales. Sin embargo, la oposición y activistas han criticado duramente la política prohibicionista.

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, argumentó que “las prohibiciones no son más que una salida fácil a un problema que no pueden o no quieren controlar”. Organizaciones advirtieron que la medida podría entregar un mercado millonario al crimen organizado, estimado en 20 mil millones de pesos, que controlaría la distribución y venta de al menos cinco millones de dispositivos al mes.

El panista Raymundo Bolaños alertó que “se prohíbe producir y comercializar, pero se permite consumir.

Esto crea necesariamente un mercado informal donde Cofepris no tiene injerencia”.

Para evitar la criminalización de los usuarios, se incluyó una reserva en la Cámara de Diputados que exime de sanción el consumo y la posesión para uso personal, enfocando las penas únicamente en quienes participan en la cadena comercial.