La legislación introduce sanciones penales, como penas de hasta ocho meses de prisión por el traslado ilegal de agua, y endurece los castigos para servidores públicos que otorguen concesiones a cambio de beneficios personales, elevando las penas hasta 14 años de cárcel. Además, la nueva normativa limita la transmisibilidad de concesiones y asignaciones, permitiendo la reasignación solo en casos específicos como herencias o fusiones de empresas. El senador Ricardo Monreal destacó que la ley devuelve al Estado su papel rector en la gestión de recursos vitales, afirmando que “el agua pertenece a la Nación, no a los intermediarios”.

Las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días para armonizar sus marcos jurídicos con esta nueva ley general, que también promueve una cultura del agua más inclusiva con perspectivas de género, interculturalidad y equidad.