La medida, que entrará en vigor el próximo año, establece impuestos que oscilarán entre el 10% y el 35% sobre mercancías como hilos, telas, calzado, cosméticos y aluminio.

La reforma fue avalada con 76 votos a favor, cinco en contra de Movimiento Ciudadano (MC) y 35 abstenciones de legisladores del PAN, PRI y PT, y ha sido enviada al Ejecutivo para su promulgación.

El debate en el Senado reflejó una clara división de posturas.

Legisladores de la oposición advirtieron sobre los posibles impactos negativos. La senadora de MC, Alejandra Barrales, alertó que la decisión “afectará la cadena productiva mexicana y representa alinearse con los intereses de Estados Unidos”, encareciendo insumos clave para sectores como la industria automotriz. Del mismo modo, representantes del PAN y PRI cuestionaron que la medida pueda provocar desabasto, aumento de costos y precios más altos para los consumidores.

Por otro lado, el bloque oficialista defendió la reforma como una herramienta necesaria para la protección de las industrias nacionales. Waldo Fernández, del Partido Verde, aseguró que México requiere “una política comercial que proteja a las industrias nacionales, mantenga la competitividad y dé certeza a la inversión”. Sostuvo que el dictamen fortalece la integración económica al establecer reglas claras para un comercio responsable, sin ignorar las necesidades de los sectores productivos del país.