Los estados más afectados por este fenómeno son México, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco y Veracruz.

Entre los productos más sustraídos se encuentran electrónicos, alimentos, ropa de marca, alcohol y refacciones.

Un problema adicional que la iniciativa busca abordar es la baja tasa de denuncias. Muchos transportistas consideran que no vale la pena denunciar porque “las autoridades retienen las unidades para llevar a cabo la investigación, lo que se traduce en ‘pagar la grúa, lidiar con el papeleo y hasta correr riesgo de extorsión’”. La creación de esta fiscalía especializada dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) tiene como objetivo hacer realidad el compromiso gubernamental de ofrecer una instancia dedicada a investigar y perseguir estos delitos de manera más eficaz y centralizada, generando mayor confianza en el sector del transporte.