El gobierno mexicano, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), requerirá formalmente en enero de 2026 el pago de 51 mil millones de pesos a empresas de Grupo Salinas por adeudos fiscales históricos. Esta acción se produce después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara los últimos recursos legales del conglomerado, dejando firmes las resoluciones previas de los tribunales. El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, informó en la conferencia matutina que, tras la resolución definitiva de la Corte, la autoridad fiscal tiene la obligación de continuar con el procedimiento de cobro. Los adeudos corresponden al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los ejercicios 2008 a 2013, derivados del uso improcedente de pérdidas fiscales.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que no se trata de un tema político, sino de un proceso “legal, jurídico y administrativo” que ha agotado todas las instancias. “Esperamos que se pague, así de sencillo”, apuntó, y adelantó que los fondos recaudados podrían destinarse a ampliar programas sociales. La ley permite que, en caso de que la empresa manifieste su intención de pagar, pueda solicitar “ajustes a la baja de hasta 39 por ciento conforme a la Ley y a la sentencia de los tribunales”.
Por su parte, abogados de TV Azteca y el propio Ricardo Salinas Pliego han calificado el proceso como una “persecución política”. En un escrito presentado en Nueva York, los litigantes afirmaron que Salinas Pliego “es percibido en México como una de las figuras de oposición a Morena de más alto perfil”. El empresario reaccionó en redes sociales, declarando su disposición a pagar una vez que el SAT le precise por escrito el desglose detallado del adeudo, con el fin de “cerrar este capítulo y dar por concluidas las diferencias con el gobierno”.
En resumenTras un fallo definitivo de la SCJN, el SAT notificará en enero de 2026 a Grupo Salinas un adeudo fiscal de 51 mil millones de pesos, aunque la empresa podría acceder a reducciones legales. La presidenta Sheinbaum espera que el pago se realice y se destine a programas sociales, mientras que el empresario Ricardo Salinas Pliego alega persecución política pero se muestra dispuesto a pagar una vez que se justifique el monto.