Entre las conductas sancionadas se incluyen presionar o amenazar a trabajadores para votar por una planilla, condicionar permisos o ascensos, utilizar recursos públicos para campañas sindicales o coaccionar el voto mediante programas sociales.

Las sanciones pueden ir desde la suspensión y destitución hasta la inhabilitación por 20 años y multas económicas. El senador Cepeda afirmó que la reforma garantiza que “nunca más el poder político sustituirá la voluntad de las trabajadoras y los trabajadores”. Recordó que durante los primeros procesos de elección con voto universal se registraron intentos de injerencia por parte de autoridades estatales, prácticas que ahora quedarán prohibidas.

La aprobación fue unánime en ambas cámaras, con 100 votos a favor en el Senado y 407 en la Cámara de Diputados, lo que demuestra un consenso político sin precedentes. El líder sindical señaló que el beneficio se extiende a todos los sindicatos del servicio público y adelantó que aún quedan pendientes otras reformas importantes, como la del sistema de pensiones y la derogación de la Ley del USICAMM.