Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la principal razón para descartar el gravamen es la dificultad técnica para su implementación. “Tomamos la decisión de que no se cobre, porque es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no.

¿Quién va a determinar esa circunstancia?”, cuestionó Sheinbaum.

Aclaró que la propuesta original no tenía un fin recaudatorio, sino que buscaba abrir un debate sobre el consumo de productos dirigidos a menores. Sin embargo, reconoció que el planteamiento generó confusión.

El impuesto, que planteaba una tasa equiparable al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la venta, descarga o uso de videojuegos considerados violentos, fue criticado desde su aprobación por la ambigüedad en los criterios de clasificación y la falta de una autoridad designada para aplicarlos. En lugar de la medida fiscal, el gobierno federal impulsará una estrategia de comunicación. Sheinbaum señaló que “muchos de estos juegos generan adicción, cuestan dinero y además promueven conductas de violencia”. Por ello, se lanzará “una campaña orientada a la construcción de la paz y contra las adicciones”, enfocada en informar a jóvenes y adolescentes sobre los efectos del uso excesivo de videojuegos y su posible relación con conductas de riesgo. Esta decisión representa un giro en la política fiscal del gobierno, que opta por un enfoque preventivo y educativo sobre uno punitivo para abordar una preocupación social.