Congreso mantiene “congeladas” 30 iniciativas para sancionar el reclutamiento de menores por el crimen organizado

A pesar de la urgencia nacional, la Cámara de Diputados mantiene sin dictaminar al menos 30 iniciativas que buscan tipificar y sancionar el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos. Las propuestas, presentadas por legisladores de todos los partidos, plantean penas que van desde los 20 hasta los 140 años de prisión, pero no han prosperado en comisiones. El tema cobró nueva fuerza tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, presuntamente a manos de un sicario de 17 años. El diputado Ricardo Mejía (PT) señaló que este caso evidencia la necesidad de “ponerle un alto a la sangría de nuestros jóvenes usados por la delincuencia organizada”. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) estima que entre 145 mil y 250 mil menores de edad enfrentan riesgo de ser reclutados, principalmente en entidades como Veracruz, Michoacán, Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Estado de México y Jalisco, donde convergen factores como pobreza y abandono escolar. El gobierno federal ha establecido como prioridad para los próximos cuatro años impedir esta práctica, según el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2025-2030 (Pronapinna). La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, confió en que se logren acuerdos para aprobar la reforma en el próximo periodo de sesiones, destacando que debe incluir aspectos preventivos y punitivos. Una de las iniciativas más severas, presentada por el diputado panista Héctor Saúl Téllez, propone hasta 140 años de cárcel para quien “utilice, enliste, reclute, contrate, incorpore, capte, ingrese, admita o rapte” a menores para obligarlos a participar en actividades ilícitas. Redim advirtió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que México carece de una política pública integral para prevenir el reclutamiento y que el marco legal actual no reconoce a los adolescentes reclutados como víctimas.

En resumen

La Cámara de Diputados tiene pendientes al menos 30 iniciativas para tipificar el reclutamiento de menores por el crimen organizado, con penas de hasta 140 años de prisión. A pesar de la urgencia del problema, evidenciado por casos como el del asesinato del alcalde de Uruapan y las advertencias de ONGs, las propuestas no han avanzado, dejando un vacío legal en la protección de miles de jóvenes en riesgo.