El Poder Legislativo se prepara para debatir una ambiciosa reforma electoral propuesta por el Ejecutivo, la cual deberá ser aprobada antes de mayo de 2026 para su aplicación en las elecciones de 2027. La iniciativa contempla cambios estructurales como la eliminación de legisladores plurinominales y la reducción del financiamiento a partidos, puntos que han generado tensiones dentro de la propia coalición de gobierno. La propuesta, que será afinada con las conclusiones de foros ciudadanos en enero, busca transformar profundamente el sistema político mexicano. Entre sus ejes principales se encuentran la eliminación de todos los senadores y diputados de representación proporcional, una reducción drástica del financiamiento público a los partidos políticos y la supresión de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para centralizar la organización de comicios en una sola institución federal.
Este nuevo organismo, que se llamaría Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), sustituiría al actual INE y sus consejeros serían electos por voto popular.
Sin embargo, la reforma enfrenta un obstáculo significativo no en la oposición, sino en los propios aliados de Morena. Partidos como el del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) han manifestado su resistencia, ya que su viabilidad política depende en gran medida de las prerrogativas y de los escaños plurinominales que la iniciativa pretende eliminar. Esta tensión interna ha llevado a que la reforma esté prácticamente “secuestrada” por las negociaciones, con el riesgo de que termine siendo una versión “descafeinada” que no toque los puntos más sensibles para evitar una ruptura en la coalición oficialista de cara a la llamada “superelección” de 2027.
En resumenEl gobierno impulsa una reforma electoral estructural que busca eliminar legisladores plurinominales y reducir el financiamiento a partidos, con un plazo de aprobación hasta mayo de 2026. Sin embargo, la propuesta ha generado una fuerte resistencia por parte de sus propios aliados, como el PT y el PVEM, quienes ven amenazada su supervivencia política, lo que pone en riesgo los cambios más profundos de la iniciativa.