Congreso prioriza para 2026 la creación de "jueces sin rostro" para delincuencia organizada

Como parte de la agenda legislativa para 2026, el Congreso de la Unión discutirá una reforma clave para la impartición de justicia: la creación de la figura de “jueces sin rostro”. La propuesta, impulsada por el Ejecutivo y respaldada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, busca reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para proteger la identidad y seguridad de los juzgadores que presiden casos de alto riesgo. Monreal Ávila ha defendido la iniciativa como una medida necesaria para dotar a los jueces de un marco jurídico con perspectiva de derechos humanos que garantice su integridad. La reforma contempla que el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) pueda solicitar el resguardo de la identidad de los juzgadores, una práctica orientada a erradicar la corrupción y la intimidación que, según el legislador, caracterizan al sistema de justicia actual. La propuesta se encuentra actualmente en comisiones del Senado y se espera que sea una de las prioridades en San Lázaro una vez que inicie el próximo periodo de sesiones. Entre los cambios, se adicionaría un capítulo sobre “protección de las personas” que remitiría al Código Nacional de Procedimientos Penales para la aplicación de estas medidas de seguridad. Además, la reforma busca delimitar plazos procesales para combatir el rezago judicial e introduce reglas para que los elementos probatorios se obtengan siempre de manera lícita y con respeto a los derechos fundamentales, fortaleciendo así el debido proceso en casos complejos.

En resumen

El Congreso de la Unión tiene como prioridad para 2026 la aprobación de la figura de “jueces sin rostro”, una reforma al sistema penal que permitirá resguardar la identidad de los juzgadores en casos de delincuencia organizada. La medida, defendida por Morena, busca proteger a los jueces de amenazas y corrupción, y forma parte de un paquete de cambios para agilizar y fortalecer la impartición de justicia en México.