Gobierno paga deuda hídrica a EE.UU. y nueva Ley de Aguas genera amparos de agricultores

El gobierno federal ha tomado acciones decisivas en materia hídrica que han generado tanto cumplimiento de compromisos internacionales como fuerte controversia en el sector agrícola nacional. Por un lado, la Conagua concluyó el desfogue de 150 millones de metros cúbicos de la presa El Cuchillo en Nuevo León para abonar a la deuda de agua con Estados Unidos, estipulada en el Tratado de 1944. Por otro lado, la reciente aprobación de la nueva Ley General de Aguas Nacionales ha provocado que productores agrícolas, principalmente de Zacatecas y Chihuahua, promuevan amparos para protegerse de sus efectos. La entrega de agua a Estados Unidos, que en total sumará 249 millones de metros cúbicos, ha sido criticada por productores del norte de Tamaulipas, quienes denuncian que se les ha dejado sin riego en plena temporada de cultivos mientras el recurso se envía a Texas. Aunque la presidenta Sheinbaum aseguró que el pago no afectaría el consumo humano ni la agricultura, la medida ha generado incertidumbre. Paralelamente, la nueva Ley de Aguas ha encendido las alarmas en el campo. Productores de Zacatecas y Chihuahua han iniciado acciones legales, argumentando que la ley criminaliza su labor y vulnera derechos adquiridos. El senador Mario Humberto Vázquez Robles ha puesto a disposición formatos de amparo, señalando que la ley prohíbe la transmisión de concesiones y obliga a emitir nuevos títulos, lo que violenta el principio de no retroactividad. Los agricultores temen que la normativa, especialmente en acuíferos sobreexplotados, congele sus trámites y limite su capacidad productiva, mientras que, según ellos, no se aplican las mismas restricciones a grandes industrias.

En resumen

El gobierno federal cumplió con parte del pago de la deuda hídrica a Estados Unidos extrayendo agua de presas del norte, lo que generó protestas de agricultores locales por la falta de riego. Simultáneamente, la nueva Ley General de Aguas ha provocado una ola de amparos por parte de productores que la consideran una amenaza a sus derechos de concesión y a su seguridad jurídica.