La jueza Maame Ewusi Frimpong dictó la sentencia en una corte federal de California, donde Ortiz admitió haber realizado conciertos en 2018 para la empresa Gallística Diamante, vinculada a Jesús Pérez Alvear, identificado como operador financiero del CJNG. La defensa del cantante argumentó que actuó bajo la presión de su entonces mánager, Ángel del Villar. La cooperación de Ortiz fue un elemento central en el juicio, ya que testificó en contra de Del Villar, quien fue hallado culpable de 11 cargos, incluyendo la violación de la Ley Kingpin.

Tras la sentencia, Ortiz rompió el silencio para aclarar su situación y disculparse con su público, afirmando: “Se han dicho demasiadas cosas, demasiadas mentiras”.

Insistió en que, si bien participó en el concierto investigado, los hechos que rodean el caso han sido distorsionados.

Como parte de su condena, enfrenta una multa que podría oscilar entre 250 mil y 1.5 millones de dólares.

Su abogado, Mark Werksman, destacó el riesgo que asumió Ortiz al testificar, declarando que “El señor Ortiz se puso en peligro al declarar contra alguien cuyas operaciones estaban alineadas con el CJNG”, lo que ha dificultado su capacidad para agendar conciertos en México y ha generado preocupación por su seguridad.