Argumentan que mientras el gobierno utiliza la música electrónica como “herramienta política” para eventos masivos, simultáneamente persigue y clausura los espacios independientes que han construido y sostenido la escena cultural durante décadas.

Estos foros se reivindican no solo como lugares de ocio, sino como “semilleros de talento” y motores económicos que emplean a cientos de personas, desde personal técnico hasta artistas emergentes.

La tensión evidencia un conflicto sobre la gestión de la cultura y la vida nocturna en la ciudad, donde los empresarios del sector piden una regulación justa y el fin de la estigmatización, advirtiendo que la prohibición solo desplaza las actividades a espacios clandestinos y sin seguridad.