Entre los detenidos destaca el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del almirante Ojeda, y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, quien se encuentra prófugo.

El testimonio clave de Alejandro Torres Joaquín, excapitán y exdirector de la Aduana de Tampico ahora testigo protegido, reveló el modus operandi: se pagaban sobornos de hasta 1.75 millones de pesos por cada buque de combustible ilegal que se permitía descargar. La trama también está manchada de sangre; el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado de recibir sobornos, se suicidó en sus oficinas en Altamira un día después de que se anunciaran las detenciones. Su muerte se suma a la del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, asesinado en noviembre de 2024 tras denunciar la red de corrupción. El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, aseguró que "no habrá impunidad" y que las investigaciones continuarán "tope hasta donde tope", aunque defendió la integridad de la Semar como institución, afirmando que "el actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de la institución".