La investigación se detonó tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Tampico en marzo de 2025. El modus operandi consistía en permitir la descarga de buques con combustible no declarado, haciéndolo pasar por aditivos para aceites lubricantes mediante documentación apócrifa. Un testigo protegido, el excapitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico, reveló que se pagaban sobornos de 1.75 millones de pesos por cada buque que se dejaba descargar.

El caso ha estado marcado por la violencia.

Al menos siete personas relacionadas han muerto, incluyendo el suicidio del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe portuario en Altamira, quien fue señalado de recibir sobornos.

Su muerte ocurrió un día después de que se anunciaran las detenciones.

Otros fallecimientos incluyen el del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga en una "práctica de tiro", y los asesinatos del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y la agente de la FGR Magaly Janet Nava Ramos en 2024, tras denunciar la red de corrupción. El gobierno federal, a través del secretario de Seguridad Omar García Harfuch y el fiscal Alejandro Gertz Manero, ha prometido "cero impunidad" y ha asegurado que las investigaciones continuarán "tope hasta donde tope".