El crimen organizado lanzó un desafío directo a las autoridades de Baja California al perpetrar ataques coordinados contra instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Ensenada. Estos actos vandálicos, que incluyeron el incendio de vehículos oficiales, se suman a la aparición de una narcomanta en Mexicali, evidenciando una escalada de violencia ligada a la pugna interna del Cártel de Sinaloa. Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, se registraron ataques casi simultáneos en dos sedes de la FGE en Ensenada. En el complejo principal, ubicado en la zona de El Ciprés, un comando armado ingresó al estacionamiento, amagó al guardia y prendió fuego a tres unidades oficiales. Casi al mismo tiempo, se reportó otro ataque con una bomba molotov contra una agencia del Ministerio Público en la calle Novena.
Aunque no se reportaron heridos, los daños materiales fueron considerables y generaron alarma entre la población.
Estos eventos ocurrieron un día antes de que se encontrara una narcomanta en un puente peatonal de Mexicali, la cual contenía amenazas de muerte directas contra un agente ministerial de la unidad de homicidios. El mensaje, firmado por una presunta alianza entre facciones del Cártel de Sinaloa, acusaba al agente de proteger a uno de los bandos en la disputa entre los descendientes de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán. La FGE informó que se están revisando cámaras de seguridad y testimonios para identificar a los responsables, en lo que se considera una clara campaña de intimidación contra las fuerzas del orden.
En resumenLos ataques coordinados contra instalaciones de la FGE en Ensenada y la narcomanta amenazante en Mexicali representan una grave escalada en el conflicto entre el crimen organizado y el Estado en Baja California. Estos actos de intimidación están directamente vinculados a la guerra interna del Cártel de Sinaloa, demostrando la capacidad del grupo para desafiar abiertamente a las instituciones. Los incidentes resaltan los altos riesgos que enfrenta la policía y la urgente necesidad de una respuesta de seguridad robusta para prevenir más violencia y mantener la integridad institucional.