La expolicía de San Luis Potosí, Rosalinda Ávalos, quien denunció a un excandidato a juez por sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el asesinato de sus hijos, ahora enfrenta una contrademanda por "daño moral" interpuesta por el mismo hombre que acusó. Este caso exhibe una alarmante inversión de roles en el sistema de justicia, donde la víctima se convierte en la acusada, poniendo en riesgo su vida y la de su familia. La historia comenzó en 2020 con el homicidio de los dos hijos de Ávalos. En 2025, ella irrumpió en el Congreso de San Luis Potosí para frenar la designación de Sabas Santiago Ipiña como juez, acusándolo de tener vínculos con el crimen organizado y de haber ordenado la agresión contra sus hijos.
Su intervención pública logró que Ipiña fuera descartado del proceso.
Sin embargo, Ipiña respondió con una denuncia penal y civil contra Ávalos por abuso de autoridad y daño moral. Lo más alarmante, según la expolicía, es que los testigos presentados por Ipiña incluyen a Artemio “N”, alias “El Memo”, identificado como presunto jefe de plaza del CJNG, y a la esposa de uno de los imputados por el homicidio de sus hijos.
Ávalos ha declarado que su vida corre peligro, afirmando: "Estoy en riesgo, me van a matar". A pesar de que hay nueve detenidos por el asesinato de sus hijos, ningún proceso ha llegado a juicio, mientras que la demanda en su contra avanza con celeridad. Las medidas de protección ofrecidas por la fiscalía, consistentes en patrullajes esporádicos, son consideradas insuficientes por ella y su defensa.
En resumenEl caso de Rosalinda Ávalos ilustra una peligrosa situación donde una denunciante, tras acusar a un aspirante a juez de tener nexos con el crimen organizado y de ser el autor intelectual del asesinato de sus hijos, ahora es perseguida legalmente por su presunto agresor. Su difícil situación pone de manifiesto la profunda vulnerabilidad de quienes desafían la presunta colusión entre el crimen y el poder en el sistema de justicia de México.