Con 106 votos a favor, el pleno del Senado dio luz verde a la reforma del artículo 73 constitucional, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El proyecto fue remitido de inmediato a las legislaturas estatales para su ratificación, y para el final del día, congresos como los de Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Quintana Roo ya la habían aprobado. La reforma es una respuesta al alarmante aumento de la extorsión, que según cifras oficiales se incrementó un 57% en los últimos seis años, con un costo para la economía que superó los 124 mil millones de pesos en 2023. Durante el debate, senadores de todas las facciones políticas destacaron la urgencia de actuar contra el "cobro de piso" y otras modalidades que afectan a ciudadanos, comerciantes y productores.

La futura ley general establecerá un tipo penal único, sus agravantes y sanciones aplicables en todo el territorio, eliminando la disparidad normativa actual entre los estados, donde las penas pueden variar drásticamente.

El objetivo es crear una estrategia nacional unificada y eficaz que brinde mayor certeza jurídica a las víctimas y fortalezca la capacidad del Estado para perseguir este flagelo.