En el marco del undécimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las protestas en Guerrero y la Ciudad de México escalaron en violencia, destacando un ataque a las instalaciones del Campo Militar Número 1. Estos actos han provocado una enérgica reacción del sector empresarial, que exige una regulación más estricta de las manifestaciones para evitar vandalismo. El jueves, un grupo de encapuchados que acompañaba a los padres de los normalistas utilizó un camión de carga como ariete para derribar una de las puertas del Campo Militar 1-A en la Ciudad de México, para posteriormente incendiar el vehículo y lanzar petardos al interior. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el acto como una “provocación” y aseguró que no habría represión.
En Iguala, Guerrero, normalistas también protestaron en la Ciudad Judicial, donde lanzaron petardos e incendiaron una camioneta. A raíz de los destrozos durante la marcha en la capital, la Canaco CDMX exigió a las autoridades regular las movilizaciones, proponiendo la prohibición del uso de pasamontañas y la creación de protocolos para impedir que grupos violentos “secuestren” protestas legítimas.
El organismo empresarial reportó pérdidas por 21.9 millones de pesos y más de 3,500 comercios afectados. Por su parte, la organización Artículo 19 y el Archivo de Seguridad Nacional revelaron que la DEA ocultó por años mensajes interceptados a miembros de Guerreros Unidos que pudieron haber ofrecido pistas clave sobre el caso.
En resumenLa conmemoración del caso Ayotzinapa se vio empañada por actos violentos contra instalaciones militares y comercios, lo que ha intensificado el debate sobre los límites del derecho a la protesta. Mientras los familiares exigen justicia y se revelan posibles omisiones de agencias como la DEA, el sector comercial demanda medidas para prevenir el vandalismo, colocando a las autoridades ante el desafío de equilibrar la libertad de expresión con la seguridad y el orden público.