Estas medidas buscan reforzar la seguridad y prevenir futuros accidentes mediante un control más estricto sobre las unidades y los operadores.

La Secretaría de Energía presentó dos nuevas normas que obligarán a las empresas gaseras a implementar programas de mantenimiento dictaminados, capacitar y certificar a sus conductores, e instalar en sus vehículos sistemas de control de velocidad y monitoreo GPS. Además, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) reveló que Grupo Tomza, propietaria de la pipa siniestrada, enfrenta multas que superan los 160 millones de pesos por irregularidades previas. Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México implementará 13 medidas adicionales, incluyendo la reducción del límite de velocidad a 30 km/h y la prohibición de circular por vías de acceso controlado. La Fiscalía capitalina informó que ya se han presentado 75 querellas por la explosión y se ha localizado a los familiares de las dos víctimas que permanecían sin identificar, brindándoles apoyo integral. Estas acciones regulatorias, que entrarán en vigor la próxima semana, representan una respuesta directa a la tragedia y a un clamor ciudadano por mayor seguridad en el transporte de combustibles.