Un abogado fue atacado a balazos a plena luz del día en las escalinatas del Poder Judicial de la Ciudad de México, desatando una intensa movilización y poniendo de relieve la vulnerabilidad de los profesionales del derecho. La rápida intervención de un policía de investigación permitió la captura del presunto agresor. El ataque ocurrió la tarde del lunes 13 de octubre en la avenida Niños Héroes, colonia Doctores, cuando el abogado David Cohen Sacal, de 45 años, fue interceptado por un joven que le disparó en la cabeza. La agresión fue repelida por un agente de la Policía de Investigación (PDI) que se encontraba en la zona, quien hirió y detuvo al sospechoso, identificado como Héctor Hernández Escartín, de 18 años, aunque inicialmente declaró tener 17. En el lugar se aseguró una motocicleta y el arma de fuego utilizada.
La víctima, reconocida por haber sido representante legal de Guillermo “Billy” Álvarez, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, fue trasladada de urgencia a un hospital. La noticia generó confusión inicial, ya que varias fuentes, incluida una versión preliminar de la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), reportaron su fallecimiento.
Sin embargo, la dependencia rectificó posteriormente, aclarando que Cohen Sacal se encontraba en estado “muy grave” y estaba siendo intervenido quirúrgicamente. “Derivado de la actualización en la información médica disponible, la víctima del evento ocurrido esta tarde en las inmediaciones de Ciudad Judicial no ha fallecido”, informó la fiscalía en una tarjeta informativa. El incidente se suma a otros ataques violentos registrados en el mismo perímetro en años recientes, incluyendo una agresión contra el chofer de un magistrado en abril de 2025, lo que subraya la creciente inseguridad en un área que debería ser un bastión de la justicia.
En resumenEl atentado directo contra el abogado David Cohen frente a la Ciudad Judicial de la CDMX y la posterior captura del agresor resaltan la grave inseguridad que enfrentan los litigantes. La confusión inicial sobre su estado de salud, corregida por la Fiscalía, y el historial de violencia en la zona, evidencian un serio desafío para las autoridades en la protección de los actores del sistema de justicia.