El caso generó reacciones al más alto nivel; la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el suceso y afirmó que “tiene que haber justicia”. Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que el crimen “no habrá impunidad”. Una de las líneas de investigación se centra en el hecho de que Bravo, a pesar de contar con un esquema de seguridad que incluía tres escoltas y un vehículo blindado, decidió no utilizarlo el día de su asesinato, cambiando de vehículo y separándose de su custodia al llegar a Apatzingán. Horas después del crimen, en un operativo de fuerzas federales y estatales, fue detenido Rigoberto López Mendoza, alias “El Pantano” o “El Plátano”, identificado como jefe operativo de “Los Blancos de Troya”, un grupo aliado de “Los Viagras” y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y señalado como uno de los principales responsables del cobro de extorsiones en la zona.

Las autoridades lo consideran presunto autor intelectual del homicidio, y su captura representa un avance significativo en la investigación.