Durante el operativo se aseguraron 322 pipas y se clausuraron 51 pozos y 138 tomas clandestinas.

Las investigaciones revelaron que el agua sustraída no era potabilizada y se comercializaba a través de organizaciones con fachada de sindicatos, como USON y 25 de Marzo. Como reacción, cientos de piperos paralizaron desde la madrugada del lunes importantes arterias como la Vía Morelos, la López Portillo, la México-Pachuca y la México-Puebla, afectando a miles de ciudadanos.

Los manifestantes argumentan que el operativo fue arbitrario y los dejó sin su fuente de trabajo, negando ser “huachicoleros”. El Código Penal del Estado de México ya contempla penas de dos a seis años de prisión para quien distribuya agua sin permiso o desde una fuente no autorizada. Adicionalmente, la legislatura local analiza una reforma para endurecer las sanciones hasta 30 años de cárcel, al considerar que el 40% del agua potable en la entidad es robada o desviada.