Además, se contemplan agravantes que pueden elevar la pena hasta 25 años si el delito se comete contra menores, migrantes, mujeres embarazadas, o si es perpetrado por servidores públicos o mediante medios digitales.

Un punto clave es la prohibición de beneficios preliberacionales para los sentenciados, salvo que colaboren eficazmente con las autoridades. La ley también ordena la creación del Centro Nacional de Atención a Denuncias por Extorsión, dependiente de la SSPC, y exige que los centros penitenciarios instalen tecnología para bloquear las comunicaciones, ya que muchas extorsiones se originan desde las cárceles. A pesar del respaldo unánime, legisladores de oposición, como el panista José Guillermo Anaya, señalaron que la ley no contempla recursos adicionales para su implementación, lo que podría convertirla en “una guerra sin fusil”.