La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) determinó que la principal causa de muerte fue la inhalación de gases tóxicos, lo que sugiere que las víctimas quedaron atrapadas. El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, confirmó que el plan de protección civil de la tienda “fue rechazado en 2021 por incumplimientos”. A pesar de ello, el negocio continuó operando sin supervisión efectiva.

Las indagatorias revelaron múltiples fallas de seguridad: la tienda operaba con una sola entrada y salida abierta al público, carecía de salidas de emergencia funcionales, no realizaba simulacros y no había constancia de mantenimiento del equipo contra incendios ni del transformador. Como consecuencia, autoridades de Sonora ordenaron el cierre preventivo de las 68 sucursales de Waldo's en el estado.

La medida fue replicada en otras ciudades como Tijuana, donde se clausuraron 13 tiendas por irregularidades similares.

Una exempleada de la sucursal siniestrada, Xenia Flores, reveló que la gerencia les había pedido anotar sus pertenencias “por si se quemaba todo”, un testimonio que sugiere que la empresa tenía conocimiento previo de los riesgos. La investigación ahora se centra en determinar las responsabilidades penales y administrativas tanto de la empresa como de los funcionarios que permitieron su operación.