La explosión en una tienda Waldo's en Hermosillo, Sonora, que ha cobrado la vida de 24 personas, ha destapado graves cuestionamientos sobre las medidas de protección civil y la responsabilidad corporativa. La tragedia ha provocado la destitución de funcionarios y una fuerte exigencia de justicia por parte de la comunidad. El siniestro, ocurrido el 1 de noviembre, alcanzó una nueva dimensión trágica con el fallecimiento de Marcos Segundo, un empacador de 81 años, quien sucumbió a quemaduras que cubrían el 90% de su cuerpo. Su muerte elevó el número de víctimas fatales a 24, incluyendo menores de edad y una mujer embarazada.
La indignación ciudadana se ha manifestado en marchas bajo la consigna "No fue un accidente, fue negligente", evocando la memoria de otras tragedias en el estado, como la de la Guardería ABC. En respuesta a la presión pública, el gobernador Alfonso Durazo y el alcalde Antonio Astiazarán anunciaron la separación de sus cargos de los titulares de Protección Civil estatal y municipal, respectivamente, para "evitar el riesgo de ser juez y parte" en la investigación.
La presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció, afirmando que "tiene que haber una responsabilidad muy importante de quien administra o que tiene un negocio". La investigación preliminar apunta a que la explosión fue causada por un transformador dentro de la tienda. Por su parte, la empresa Waldo's emitió un comunicado en el que se compromete a cubrir los gastos funerarios, apoyar a las familias y colaborar con las autoridades.
En resumenLa explosión en la tienda Waldo's de Hermosillo, con un saldo de 24 muertos, ha desatado una crisis de rendición de cuentas que resultó en la destitución de los jefes de protección civil. La tragedia pone en evidencia presuntas negligencias en seguridad y ha movilizado a la ciudadanía, que exige justicia y una regulación más estricta para evitar que un suceso similar se repita.