Posteriormente, el sistema del casino registraba ganancias millonarias a su nombre, pero los fondos eran transferidos de inmediato a cuentas en el extranjero, principalmente a paraísos fiscales en Rumania, Suiza, Estados Unidos, Malta y Emiratos Árabes Unidos, para luego ser reingresados a México como capital blanqueado.

Las operaciones inusuales detectadas alcanzaron montos de hasta 50 millones de pesos. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que los establecimientos implicados se encuentran en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó las acciones, afirmando que “las investigaciones tienen sustento legal y se llevan a cabo en colaboración con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y de otros países”. Además, anunció que se impulsarán reformas para actualizar la ley que regula los casinos, especialmente las plataformas digitales que han proliferado sin una supervisión adecuada. Como parte de la nueva estrategia, García Harfuch adelantó que se desarrollarán “mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen daño al sistema financiero”.