El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ha desencadenado una crisis de seguridad en Michoacán, revelando una compleja trama de violencia que incluye la muerte de tres presuntos implicados y ha provocado una respuesta directa del gobierno federal. La situación ha puesto de relieve la vulnerabilidad de los funcionarios públicos y la profunda desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. El homicidio ocurrió el 1 de noviembre de 2025, cuando Manzo fue atacado a balazos en la plaza principal durante un evento público. El presunto autor material, un joven de 17 años identificado como Miguel Ángel Ubaldo Vidales, fue abatido por un escolta municipal momentos después de ser sometido, una acción que la fiscalía estatal investiga. La violencia no terminó ahí; el 10 de noviembre, las autoridades encontraron los cuerpos de otros dos presuntos implicados, uno de ellos de solo 16 años, a un costado de la carretera Uruapan-Paracho.
Con estas muertes, suman tres los presuntos participantes en el crimen que han sido ejecutados. La viuda de Manzo, Grecia Quiroz, quien asumió la alcaldía, ha expresado su desconfianza en las autoridades, declarando: “No confío en nadie en estos momentos; en nada de lo que me rodea confío, solo en mi familia”.
Quiroz ha exigido un plan de seguridad específico para Uruapan y ha dado un plazo de dos meses para ver resultados. En respuesta a la crisis, el gobierno federal, a través del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, puso en marcha el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, que incluye el despliegue de miles de elementos federales y reuniones quincenales para evaluar los avances.
En resumenEl caso del asesinato del alcalde Carlos Manzo se ha complicado con la muerte de los tres presuntos responsables, lo que dificulta el esclarecimiento de la autoría intelectual. La respuesta del gobierno federal con el 'Plan Michoacán' busca restaurar el orden, pero enfrenta el escepticismo de la nueva alcaldesa y una ciudadanía que exige justicia y resultados tangibles.