La manifestación del 15 de noviembre, denominada ‘Marcha de la Generación Z’, culminó en enfrentamientos y un complejo proceso judicial para decenas de detenidos. Las consecuencias legales, que incluyen acusaciones por tentativa de homicidio, han puesto de relieve la tensión entre el derecho a la protesta y la respuesta de las fuerzas de seguridad. La movilización, que congregó a miles de personas en la Ciudad de México y otras entidades para exigir seguridad y justicia, se tornó violenta en el Zócalo capitalino cuando un grupo derribó las vallas de protección de Palacio Nacional. La confrontación dejó un saldo de 60 policías y al menos 20 civiles heridos. Las autoridades capitalinas reportaron la detención de 29 personas, de las cuales 18 adultos y un adolescente fueron puestos a disposición del Ministerio Público. En audiencias celebradas en el Reclusorio Norte, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina imputó delitos que van desde robo y lesiones hasta tentativa de homicidio.
Tres de los detenidos enfrentan esta última acusación por la agresión a un elemento policial. Sin embargo, un juez de control reclasificó la acusación de tentativa de homicidio a “resistencia de particulares” para cinco de los imputados. Como resultado de las audiencias iniciales, tres jóvenes fueron vinculados a proceso por robo y lesiones, pero seguirán su juicio en libertad con la medida cautelar de firma periódica.
Otros cinco detenidos recibieron prisión preventiva justificada mientras se define su situación jurídica.
El operativo policial ha sido objeto de escrutinio; la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) abrió 18 investigaciones internas por posible uso excesivo de la fuerza, suspendiendo a siete agentes, mientras que la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX inició siete expedientes por posibles violaciones.
Organismos como la ONU han solicitado una investigación sobre las agresiones.
En respuesta a la represión denunciada, se ha convocado a una nueva marcha para el 20 de noviembre.
En resumenLa marcha de la ‘Generación Z’ evidenció un amplio descontento social, pero su desenlace violento derivó en un controvertido proceso judicial. Mientras varios detenidos enfrentan cargos graves, incluyendo prisión preventiva, la actuación policial está bajo investigación por presunto uso excesivo de la fuerza, en un caso que ha atraído la atención de organismos de derechos humanos.