Organizaciones de transportistas y productores agrícolas han convocado a un paro nacional para el 24 de noviembre, que incluirá bloqueos en las principales carreteras y aduanas de al menos 25 estados. La movilización busca presionar al gobierno federal para que implemente medidas efectivas contra la creciente ola de robos, extorsiones y violencia que afecta al sector. La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), junto con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino, confirmaron la protesta, instando a la ciudadanía a “no salir a las carreteras” ese día para evitar afectaciones. Las principales demandas se centran en la falta de seguridad en las vías federales, donde los operadores enfrentan asaltos violentos, secuestros exprés y el cobro de “derecho de vía” por parte de grupos criminales. La Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) estima que los robos al transporte de carga generan pérdidas diarias de aproximadamente 15 millones de pesos. Los organizadores anticipan que las mayores afectaciones se concentrarán en los accesos a la Ciudad de México, incluyendo las autopistas México-Querétaro, México-Puebla, México-Pachuca y México-Cuernavaca.
Además, planean tomar aduanas estratégicas como las de Nuevo Laredo, Manzanillo y Veracruz.
Aunque algunas organizaciones como la CONATRAM en Tlaxcala han descartado su participación, se espera una adhesión significativa a nivel nacional. La ANTAC ha calificado la situación en las carreteras como “bañada en sangre”, reportando 20 secuestros de operadores y dos homicidios en Puebla en lo que va del año. Los manifestantes exigen la creación de fiscalías especializadas, paradores seguros, mayor patrullaje de la Guardia Nacional y el uso de tecnología como drones para vigilar las rutas más peligrosas.
En resumenEl megabloqueo nacional convocado para el 24 de noviembre refleja el hartazgo de transportistas y agricultores ante la inseguridad sistémica en las carreteras de México. La protesta amenaza con paralizar rutas comerciales clave para exigir una estrategia de seguridad integral que proteja tanto a los operadores como a las cadenas de suministro del país.