Durante su audiencia, que duró 18 horas, negó los cargos y afirmó haber sido torturado por agentes encapuchados tras su detención.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, desestimó estas acusaciones, calificándolas como "mentiras para entorpecer la investigación" y aseguró que la detención se realizó en flagrancia. Sostuvo que el imputado firmó un documento de conformidad en El Altiplano en el que reconocía que su captura fue legal y sin abusos.

Mientras tanto, los siete escoltas fueron procesados por no haber aplicado los protocolos de seguridad necesarios para proteger al alcalde durante el ataque del 1 de noviembre. La pieza clave que falta en el rompecabezas es el coronel retirado José Manuel Jiménez Miranda, exdirector de Seguridad Pública de Uruapan y jefe de escoltas de Manzo, quien logró escapar del operativo de detención y se encuentra prófugo. Jiménez Miranda fue quien seleccionó al equipo de seguridad y, a pesar de haber sido destituido previamente por violencia intrafamiliar, fue mantenido en su cargo por el propio alcalde. La Fiscalía de Michoacán ha realizado 274 diligencias y ha contado con el apoyo de la FGR y la fiscalía de Nuevo León para esclarecer el crimen, cuyo móvil aún no se ha determinado formalmente.