El caso generó una amplia movilización social, incluyendo una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos médicos que, según reportes, se acercaban al millón de pesos. La tragedia también provocó una respuesta política; la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que analizaría la propuesta del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, para regular y legalizar los arrancones en espacios controlados como el Autódromo Miguel E. Abed. Esta iniciativa busca ofrecer una alternativa segura para los jóvenes, aunque ha sido criticada por colectivos de movilidad que temen que normalice conductas de riesgo. A pesar de la tragedia y el debate, se han reportado nuevos casos de arrancones en otras vialidades de Puebla, como el Circuito Juan Pablo II.