La red se dedicaba a la extorsión telefónica, victimizando principalmente a adolescentes y adultos mayores en Matamoros. En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, trabajos de inteligencia permitieron identificar el modus operandi de la célula criminal. Los reos utilizaban una sofisticada infraestructura que incluía alrededor de 80 números telefónicos de diversas compañías y más de 70 cuentas bancarias para concentrar los depósitos exigidos a las víctimas. La operación conjunta involucró a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, Marina, Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Fiscalía de Tamaulipas y sus unidades especializadas en secuestro y extorsión.

Se ejecutaron nuevas órdenes de aprehensión por reclusión contra doce personas ya internas, quienes ahora enfrentarán cargos adicionales por estos delitos.

Este golpe ocurre en un contexto donde gobernadores de otros estados, como Nuevo León y Guanajuato, habían denunciado previamente que llamadas de extorsión en sus entidades provenían de penales de Tamaulipas, aunque en su momento las autoridades tamaulipecas negaron tener pruebas de ello.